España ha experimentado en los últimos años una transformación significativa en el sector del alquiler vacacional, un fenómeno que ha ido de la mano con el crecimiento del turismo, que representa actualmente el 12.8% del PIB nacional con más de 85 millones de visitantes internacionales en 2023. Este auge ha provocado importantes cambios normativos que están reconfigurando el panorama inmobiliario y turístico del país.
Evolución del marco legal del alquiler turístico
De la desregulación a las nuevas restricciones
El mercado del alquiler turístico en España ha pasado por diferentes etapas regulatorias. Inicialmente caracterizado por una escasa normativa específica, el sector ha evolucionado hacia un marco legal cada vez más restrictivo. La proliferación de aproximadamente 350,000 viviendas destinadas al alquiler vacacional, que representan el 10% del mercado inmobiliario, ha generado la necesidad de establecer límites claros. El punto culminante de esta evolución normativa se ha materializado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que modifica la Ley de Propiedad Horizontal y otorga un mayor control a las comunidades de vecinos sobre el uso turístico de las viviendas.
Diferencias normativas entre comunidades autónomas
La regulación del alquiler vacacional en España presenta importantes variaciones territoriales. Cada comunidad autónoma ha desarrollado su propio marco normativo adaptado a sus necesidades específicas. En Baleares, por ejemplo, las multas por operar sin licencia en Palma de Mallorca pueden alcanzar los 40,000 euros, mientras que en Canarias se planea asignar un 90% del suelo para uso residencial y solo un 10% para actividad turística. Madrid también está trabajando en una nueva normativa que entrará en vigor a principios de 2025. Estas diferencias reflejan la diversidad de realidades turísticas e inmobiliarias del país, así como las distintas aproximaciones para gestionar el equilibrio entre el desarrollo turístico y las necesidades habitacionales de la población local.
Impacto directo en el mercado inmobiliario
Fluctuaciones de precios en zonas turísticas
Los cambios normativos están generando efectos significativos en los precios inmobiliarios, especialmente en las zonas de alta demanda turística. Ciudades como Málaga, que contaba con 41,038 viviendas turísticas en febrero de 2024, un 16% más que el año anterior, están experimentando importantes tensiones en su mercado inmobiliario. La nueva fiscalidad prevista, como la aplicación del 21% de IVA a los alquileres de viviendas por menos de 30 noches, exceptuando municipios con menos de 10,000 habitantes, también contribuirá a modificar la estructura de precios. Además, la creación de un nuevo impuesto para la compra de inmuebles por no residentes de la Unión Europea podría virtualmente duplicar el precio de la vivienda para este grupo, afectando significativamente a un mercado donde los extranjeros compraron más de 93,000 casas en 2024, representando el 14.6% del total.
Trasvase de viviendas al mercado de alquiler tradicional
Las nuevas exigencias normativas están provocando un trasvase de viviendas desde el alquiler vacacional hacia el mercado de alquiler tradicional. La necesidad de contar con la aprobación de tres quintas partes de los propietarios de una comunidad para destinar una vivienda al uso turístico supone una barrera significativa para muchos propietarios. A esto se suma la obligatoriedad de inscribir las viviendas en un registro autonómico a partir de julio de 2025, junto con la posibilidad de que las comunidades establezcan cuotas adicionales de hasta un 20% en los gastos comunes para las viviendas turísticas. Los expertos señalan que estas medidas podrían contribuir a aliviar la presión sobre los precios del alquiler tradicional, aunque reconocen que son solo una pieza del complejo puzle habitacional que enfrenta España, donde se estima que faltan 600,000 viviendas, además de los 4 millones de viviendas vacías.
Consecuencias para viajeros y turistas
Cambios en la oferta de alojamiento disponible
Los viajeros percibirán cambios significativos en la disponibilidad y características de los alojamientos turísticos. La oferta de viviendas vacacionales, que en 2023 alojó a 9.12 millones de turistas extranjeros, representando un tercio de la capacidad total de alojamiento en España, experimentará una contracción debido a las nuevas restricciones. La aplicación de la Directiva UE 2025/516, que obligará a partir de julio de 2028 a aplicar el IVA en todos los alquileres de corta duración, incluso sin servicios hoteleros, también modificará el perfil de la oferta. Las plataformas de alquiler asumirán nuevas obligaciones fiscales como intermediarias, lo que contribuirá a una mayor profesionalización del sector, pero también a un incremento en los precios finales para los usuarios.
Variaciones en los costos de hospedaje durante temporadas vacacionales
El coste del alojamiento turístico sufrirá modificaciones debido a varios factores. La aplicación del IVA del 10% a partir de 2028 supondrá un incremento directo en los precios. Una estancia que actualmente cuesta 100 euros pasará a costar 110 euros con la aplicación de este impuesto. Además, las mayores exigencias normativas y las posibles cuotas adicionales impuestas por las comunidades de vecinos se trasladarán al precio final. La rentabilidad del alquiler turístico, que requiere una ocupación de al menos el 70% de los días del año, se verá afectada por estas nuevas condiciones, lo que podría reducir la oferta en determinadas zonas y temporadas, con el consiguiente efecto alcista sobre los precios, especialmente en periodos de alta demanda.
Alternativas para los viajeros ante el nuevo panorama
Opciones de alojamiento regulado en destinos populares
Ante los cambios normativos, los viajeros deberán considerar diversas alternativas de alojamiento en sus visitas a España. El sector hotelero tradicional, que ya cuenta con una estructura normativa consolidada, se presenta como una opción de mayor seguridad jurídica. Los apartamentos turísticos legalmente registrados, que cumplan con todos los requisitos de la nueva normativa, incluyendo la aprobación de la comunidad de vecinos y el registro autonómico, también constituirán una alternativa válida. Los viajeros que busquen destinos menos masificados podrían beneficiarse de las excepciones previstas para municipios con menos de 10,000 habitantes, donde algunas de las restricciones no serán aplicables, contribuyendo potencialmente a una redistribución del flujo turístico hacia zonas menos saturadas.
Consejos para reservar hospedaje con garantías legales
En este nuevo escenario normativo, resulta fundamental que los viajeros tomen precauciones adicionales al reservar su alojamiento. Es recomendable verificar que la vivienda vacacional cuente con el número de registro oficial, que las plataformas estarán obligadas a mostrar en sus anuncios a partir de julio de 2025. Comprobar que el alojamiento cumple con la normativa local específica del destino evitará posibles inconvenientes durante la estancia. La elección de plataformas de reserva que garanticen el cumplimiento normativo de sus anuncios, así como la solicitud de documentación que acredite la legalidad del alojamiento, son prácticas recomendables. Los viajeros también deben considerar que los alojamientos que cumplan con todos los requisitos legales posiblemente tendrán un precio superior, pero ofrecerán mayor seguridad jurídica y calidad en el servicio, elementos cada vez más valorados en un mercado turístico en transformación.
Modificaciones legales para comunidades de propietarios
La nueva Ley Orgánica 1/2025, vigente desde el 3 de abril de 2025, introduce cambios significativos en la Ley de Propiedad Horizontal que afectan directamente a las comunidades de propietarios respecto al alquiler turístico. Esta normativa surge en un contexto donde aproximadamente 350,000 viviendas en España están destinadas al alquiler vacacional, representando el 10% del mercado inmobiliario. El impacto de estas modificaciones será notable considerando que el turismo constituye el 12.8% del PIB español, con más de 85 millones de visitantes internacionales en 2023.
Nuevos requisitos de mayoría para permitir alquileres turísticos
La normativa establece que cualquier propietario que desee destinar su vivienda al alquiler turístico deberá obtener la aprobación de la comunidad de vecinos. Esta autorización requiere el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios que, a su vez, representen tres quintas partes de las cuotas de participación del edificio. Esta medida otorga a las comunidades un poder decisorio que antes no tenían sobre el uso turístico de las viviendas. Es importante destacar que la ley no se aplica retroactivamente a quienes ya operaban legalmente antes del 3 de abril de 2025, siempre que no realicen modificaciones sustanciales en la propiedad. A partir de julio de 2025, será obligatorio registrar todas las viviendas turísticas en un registro autonómico, debiendo las plataformas mostrar el número de registro en todos los anuncios en un plazo máximo de 48 horas.
Facultades ampliadas para comunidades en la gestión de cuotas adicionales
La nueva legislación amplía las facultades económicas de las comunidades de propietarios frente a los alquileres vacacionales. Las comunidades pueden ahora imponer cuotas adicionales de hasta un 20% sobre los gastos comunes a aquellas viviendas destinadas al uso turístico. Esta medida busca compensar el mayor desgaste de instalaciones y servicios comunes que generan los alojamientos de corta duración. Las sanciones por incumplimiento de la normativa pueden alcanzar los 600,000 euros en casos muy graves, además del cese obligatorio de la actividad y posibles acciones judiciales por parte de la comunidad. El Registro Único de Alquiler Turístico, obligatorio desde el 1 de julio de 2025, servirá como mecanismo de control para todos los alquileres de corta duración, facilitando la supervisión por parte de las autoridades y comunidades de propietarios.